El 18 de setiembre, la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes recibió a la Red Pro Cuidados para el análisis del Proyecto de Ley de Presupuesto 2020-2024.
Adjuntamos el documento presentado por la Red ante el cuerpo y la versión taquigráfica de la fecha.
Propuestas de la Red Pro Cuidados en el marco de la discusión presupuestal
Setiembre 2020
El Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC), creado en 2015 por la Ley N° 19.353, a través de los principios, conformación y funciones que en ella se explicitan, responde a una larga y sostenida demanda de la sociedad para que los cuidados a las personas dependientes (niños/as, adolescentes, personas mayores y personas con discapacidad), sean concebidos como un derecho y por tanto el Estado sea garante del cumplimiento de dicho derecho.
Brindar cuidados universales de calidad y con eficiencia a tan diversas poblaciones implica la articulación de múltiples instituciones públicas y privadas con el objetivo de que actúen de manera conjunta, armónica y regulada. Por ello se define en la ley la conformación del Sistema Nacional Integrado de Cuidados como la herramienta más idónea para alcanzar los objetivos planteados. Definir la política de Cuidados como un sistema es un asunto medular que hace a la esencia de la ley.
La estructura organizativa del SNIC deposita en la Secretaría de Cuidados la responsabilidad de ejecutar las políticas definidas por la Junta Nacional de Cuidados (JUNACU) conformada por 5 ministerios y 6 reparticiones estatales de jerarquía, que recibe además la asesoría del Comité Consultivo, órgano activo de participación de los distintos estamentos de la sociedad civil.
Para cumplir con sus cometidos la Secretaría debe atender diversas dimensiones. Si bien los servicios son la acción más visible y evidente, estos requieren -para resultar servicios de calidad- de recursos humanos formados y deben estar regulados con normas que aseguren esa calidad. Es decir, además de la creación de servicios, la política implica: formación, regulación, supervisión, monitoreo y evaluación, comunicación e integración de la perspectiva de género a sus acciones, para promover la corresponsabilidad como principio de la organización de los cuidados. La política debe basarse en conocimientos científicos, que sostengan las decisiones de manera racional y sean comunicados a la población en general y, en especial, a los usuarios, apuntando a la transparencia y la difusión amplia de los derechos.
En el proyecto de Ley de Presupuesto Quinquenal, actualmente en discusión parlamentaria esa política pública no se menciona por su nombre, con lo cual se invisibiliza su existencia y esencia. Tampoco se nombran los programas que incluye, lo que imposibilita evaluar el alcance de los recursos presupuestales que se les asignan.
La ausencia del Plan Nacional de Cuidados, que prescribe la Ley 19.353 y cuyo plazo de presentación venció a fines de junio, impide la transparencia requerida. Cabe recordar que el Plan anterior fue elaborado con participación de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el tema, entre ellas la Red Pro Cuidados.
Es necesario mantener la institucionalidad, jerarquía y autonomía del SNIC, que, como fue dicho, abarca más organismos que la Secretaría y que se ve amenazada por la propuesta de unificación de dicha Secretaría con la de Discapacidad.
Además, para el funcionamiento efectivo del SNIC se requiere que su Secretaría cuente con la dotación de personal suficiente y técnicamente capacitado. Aunque el gobierno afirma que se mantienen las partidas presupuestales para todo el quinquenio, tomando como línea de base las de 2020, al no indexarlas en los sucesivos años por el porcentaje de inflación, esas partidas se reducen automáticamente.
Esta reducción presupuestaria va a impactar en los diferentes programas. A continuación mencionamos algunas de las preocupaciones de la Red Pro Cuidados vinculadas directamente con el proyecto de Presupuesto Quinquenal según las distintas poblaciones atendidas por el Sistema.
Infancia
Si no se continúa el programa de creación de nuevos centros de primera infancia, en particular en el marco del acuerdo para la construcción y el mantenimiento de nuevas infraestructuras en la modalidad público/privado, y no se crean nuevos cargos docentes y no docentes para que puedan funcionar, por lo que peligra la universalización de la atención de niños/as de tres años en el ámbito del consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP).
También es necesario asegurar la sostenibilidad presupuestaria para la atención diaria de 0 2 años en el ámbito del plan CAIF y otras modalidades implementadas por el SNIC, como las Casas Comunitarias de Cuidados, los Centros de Educación y Cuidados Siempre creados en convenio con sindicatos y empresas, los espacios de cuidados para hijos/as de estudiantes de enseñanza media, las becas de inclusión socio educativas (BIS) para centros privados habilitados y la ampliación prevista de los CAPI, centros gestionados directamente por el INAU que atienden poblaciones de 0 a 3 años en situación de extrema vulnerabilidad.
Genera alarma la decisión de traspasar al INAU la supervisión de los 399 centros privados de educación y cuidados hasta ahora efectuada por el MEC, siendo que el INAU ya tiene déficit de personal técnico en todo el territorio.
Por otra parte y teniendo en cuenta que el 80% de la población atendida por el INAU se realiza en convenio con organizaciones de la sociedad civil, facultar al organismo a abonar en pesos uruguayos y no únicamente en UR como hasta ahora, puede afectar seriamente la atención brindada, en la medida que congelaría las remuneraciones.
Dependencia
Dentro de esta categoría se incluyen personas con discapacidad, tanto niños/as como adultos/as; y personas mayores que tienen dependencia severa para cubrir sus necesidades cotidianas. El programa de Asistentes Personales constituye un elemento básico para asegurar cuidados domiciliarios de calidad a estas personas. Este programa ha sido altamente valorado tanto por las personas dependientes como por sus familiares, particularmente las mujeres sobre las cuales habitualmente recae la responsabilidad y así disponen de tiempo para dedicar a actividades remuneradas, estudios y otras que contribuyan a su mejor desarrollo.
Por otra parte, constituye una herramienta poderosa para generar empleo, tanto de las mujeres de las familias como de las cuidadoras, que también son mayoritariamente mujeres, y así acceder a trabajos reglamentados y remunerados. En este sentido, el fomento de formatos de provisión colectiva del cuidado -tales como cooperativas de trabajo- es visto como una línea de trabajo que se debe potenciar. La reducción de este programa, especialmente en la coyuntura actual, tendría un efecto nocivo en el empleo femenino con las consecuencias que el mismo suele generar.
Si bien desde las autoridades se afirma que se mantendrá el programa, debe asegurarse el financiamiento como mínimo de la cantidad de asistentes personales actuales, así como la reposición de los binomios cuando hay bajas.
Un requisito indispensable para asegurar la calidad de la asistencia es la formación de quienes vayan a cuidar Para esto se requiere sostener la oferta de INEFOP y buscar alternativas con UTU u otras entidades educativas.
Es especialmente importante desarrollar la formación en la atención a las distintas formas de discapacidad. Si bien es una recomendación internacional que los niños y niñas y jóvenes con discapacidad se integren a la educación formal esto requiere de acompañamiento por parte de asistentes y docentes que requieren formación específica. La formación, por tanto, es un componente del sistema que requiere contar con los medios específicos para desarrollarse en todas sus dimensiones.
Otras líneas de atención a la dependencia y que es necesario mantener son los Centros de Día ya creados en diversas partes del país, así como impulsar la existencia de otros, entre otras modalidades con apoyo de recursos territoriales, sin descuidar la calidad técnica del personal a cargo.
En relación a los Establecimientos de Larga Estadía para personas mayores, hasta ahora fiscalizados tanto por el MSP como por el MIDES, parecería quedar ésta solamente en el MSP ya que se menciona que estará a cargo de la normativa sanitaria. No figura en el presupuesto algo similar en el MIDES. que tenía a su cargo la fiscalización en materia social. Tampoco se incluye la tarea de certificar las competencias para validar capacidades y cumplir metas de capacitación en servicios como los ELEPEM. Esto hace peligrar la calidad de los mismos.
Paralelamente, se plantea la reducción de las pensiones por asistencia a la vejez a cargo del MIDES y el cambio en la adjudicación de las mismas a través de la suspensión de las visitas a los hogares y su sustitución por declaraciones juradas electrónicas. O sea, perjuicio económico para los beneficiarios y lo que puede constituir un escollo para una población que no maneje las herramientas tecnológicas.
En la actual coyuntura de crisis sanitaria, económica y social, debería considerarse el aporte de los cuidados a la reducción del impacto en la economía y en la salud de los hogares del país. Por lo mismo consideramos que es necesario mantener el presupuesto pero en valores reales indexados al costo de vida o en unidades reajustables. Muy posiblemente aumente la demanda de cuidados por parte del Estado por la situación de quienes no se los pueden financiar personalmente por lo cual debería considerarse también la ampliación de los servicios.
