En el Día Mundial de la Toma de Conciencia Contra el Abuso y el Maltrato en la Vejez, la Red Pro Cuidados advierte sobre el daño emocional a las personas mayores durante la pandemia.
“Cuando lo esencial no se ve, somos responsables de nuestra ceguera”
El 15 de junio se conmemora el Día Mundial de Toma de Conciencia Contra el Abuso y el Maltrato en la Vejez, instaurado por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas por Resolución 66/127.
Hoy, cuando la pandemia del COVID19 está haciendo estragos en el mundo entero, es imperativo reflexionar sobre el riesgo al que están particularmente expuestas las personas mayores, a raíz del aislamiento social al que las somete un confinamiento mucho más riguroso que el de otras poblaciones, situación que a su vez las confronta con otros desafíos.
Desde antes de la pandemia, las personas mayores han sido un blanco fácil para el ejercicio de actos de violencia, maltrato físico y/o psicológico, financiero, por negligencia, entre otros. En la presente coyuntura, a ellos se suma la discriminación por edad frente al riesgo de contagio por coronavirus, que recorta sus libertades individuales.
Las medidas sanitarias adoptadas en el mundo han sido diferentes. Seguramente, los gobiernos las han adoptado por considerarlas adecuadas a lo que estimaron necesario privilegiar en cada momento. No obstante, tienen en común la consideración de las personas mayores como población de particular riesgo por el solo hecho de haber cumplido 65 años o menos, según los países.
Tal decisión responde fundamentalmente a la conceptualización prejuiciosa de las personas mayores en tanto «viejas», «viejos» o «abuelitas/os». Este colectivo no es homogéneo ni el envejecimiento se concreta a determinada edad. Por el contrario, supone un proceso con muchas variables en cuanto a capacidades funcionales, cognitivas, intelectuales, de salud física y mental. Se pueden tener 65, 70 u 80 años y ser personas saludables, sin perjuicio del esperable declive por el paso del tiempo.
La arbitrariedad de considerar a las personas mayores como población de riesgo sin que tengan patologías asociadas que las coloquen en esa categoría, se podría entender como una acción que se ejerce para prevenir y proteger de un mal mayor. Pero la ausencia de intención de daño no evita que, por desconocimiento de la realidad, se potencie un maltrato específico derivado de decisiones que no toman en cuenta la opinión de esa población, afectándola directamente.
A partir de la instalación de una cuarentena general «no obligatoria sino sugerida y con ciertos controles», particularmente las personas mayores que residen en los Establecimientos de Larga Estadía (ELEPEM) quedaron sometidas a las recomendaciones formuladas por los Ministerios de Salud Pública y de Desarrollo Social. Las primeras, enfocadas en la prevención y actuación frente al COVID19, se hicieron públicas en el mes de marzo. A partir de la aparición de un brote de la pandemia en tres de estas instituciones, se instrumentaron otras y a mediados de abril la sugerencia fue que se suspendieran las visitas de los familiares.
Esta medida, adoptada presumiblemente por no tener claros los protocolos a proponer, omitió medir su impacto tanto en las personas institucionalizadas como en sus allegados, lo que revela la imperiosa necesidad de la participación del técnico social, cuyo rol incluye el relacionamiento con las familias. Hasta el momento, la incorporación de esos profesionales es solo nominativa y, si bien se han tomado medidas específicas en materia sanitaria, lo social no fue considerado.
Ya transitando el primer tercio del mes de junio y a casi dos meses de mantenimiento del aislamiento absoluto de las personas mayores respecto de sus allegados, se decidió intervenir en los ELEPEM a través de prestadores privados de servicios de salud en los establecimientos con fines de lucro y por conducto de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) para aquellos sin fines de lucro. El objetivo es realizar un inventario de ELEPEM y recabar datos de las personas que allí residen. Determinados días de la semana durante algunas horas, se instalan en las instituciones los equipos enviados por los referidos prestadores y recaban los datos que son importantes para el Ministerio de Salud Pública, como el nombre de la persona, patologías, medicación que recibe, prestador personal de servicios de salud y otras referencias que hacen estrictamente al estado sanitario, todos los cuales surgen de historias clínicas que tiene el establecimiento. Pero esos equipos no toman contacto con las personas institucionalizadas, no ven sus rostros, porque no es la función que les encomendaron desempeñar. Una vez más el aspecto emocional de esta crisis no se considera, el aislamiento social no cuenta, no se mide su impacto, el sentir individual queda rezagado sin que se le dé el lugar que en esta coyuntura tiene.
Hemos retrocedido décadas, estamos en los 90 del siglo pasado, donde lo sanitario cobra fuerza ganando todo el terreno, determinando a partir del estado fisiológico de las personas mayores lo que pueden y lo que no pueden hacer. Cabe preguntarse: ¿dónde quedan sus derechos? ¿Y las necesidades fundamentales de las personas de las que habla Abraham Maslow en su Escala de Necesidades Fundamentales sea cual sea su momento vital? Se trata de necesidades de afecto, de integración, de seguridad, y si se olvida esto hay negligencia.
El maltrato por negligencia se configura cuando no se actúa sobre algo que no se puede «no ver», no sentir como ser humano. La capacidad de empatía frente a cualquier tipo de maltrato en poblaciones vulnerables debe estar en constante alerta.
Si no se atienden estos aspectos a tiempo, si los organismos involucrados en la regulación de los ELEPEM no logran articularse para ejercer una cogestión sociosanitaria, el daño -aunque no sea intencional- estará acechando y se incrementarán las situaciones de riesgo para las personas mayores.
Martha Naranjo
Comisión de Personas Mayores, Red Pro Cuidados
