En América Latina varios países están encaminando esfuerzos para poner el Derecho al Cuidado al centro de su política social. Lo hacen a sabiendas que se trata de una piedra angular de la justicia social y del desarrollo humano. Asegurar el Derecho al Cuidado como derecho humano fundamental para todas las personas contribuye a superar las profundas desigualdades que actualmente cautivan partes vastas de nuestra región en una espiral de frustración colectiva, rechazo y violencias.
La Intendencia de Montevideo evaluó la implementación del Plan de Accesibilidad a un año de su funcionamiento, y presentó datos de la situación en el departamento y el país.
El objetivo del plan es promover un departamento inclusivo a través de la comprensión e incorporación de la discapacidad en un sentido integral, y no como un elemento accesorio.
Las datos en la materia han sido poco estudiados, la variable discapacidad se incluyó por primera vez en el censo nacional del 2011.
En Uruguay, un 16,3% de las personas tiene algún tipo de dificultad para caminar, ver, oír o entender, Montevideo es el departamento con más personas en esta situación, con el 35,9% del total de personas discapacitadas.
La prevalencia por departamento desprende que en Montevideo el 15,2% de la población tiene al menos una dificultad para ver, oír, caminar o entender, y los departamentos con mayor prevalencia son: Rocha con 20,1% y Cerro Largo con 19,6%,
En Montevideo, la distribución por municipios indica que el Municipio D es el que presenta el mayor porcentaje de habitantes con discapacidad severa con el 5,7%, otros barrios con datos similares son: Casavalle, Marconi, Villa Española, Cerrito de la Victoria, Manga, Piedras Blancas y Toledo Chico, cabe destacar que en varios de ellos se diagnostica que el asentamiento irregular es una problemática instalada.
En el corte de los sexos, el análisis indica que del total de mujeres de 65 años o mayores, el 49,5% presenta algún grado de dificultad, mientras que en los hombres, son el 39,2% los que están en situación de discapacidad.
Fuente: Subrayado-IM
A dos años de la implementación del Sistema de Cuidados, el programa Asistentes Personales (AP) tiene más de 4.600 usuarios, de los cuales, casi 2.000 son personas mayores de 80 años, y el programa de Teleasistencia, con menos de un año de su puesta en funcionamiento, atiende en sus hogares a 800 beneficiarios de más de 70 años.
En el seminario regional “El derecho a los cuidados de larga duración en la vejez”, que se realizó este lunes 22 en el Palacio Legislativo, la directora del Área de Dependencia de la Secretaría Nacional de Cuidados, Soledad Rodríguez, destacó el trabajo que se realiza desde la aprobación de la ley en 2015.
La jerarca, señaló que “el sistema trabaja intensamente en la implementación de cuidados de calidad, donde son factores esenciales la corresponsabilidad de las familias, la labor del Estado, las instituciones privadas y las organizaciones sociales”.
Por su parte, la directora del Instituto Nacional de las Personas Mayores (Inmayores) del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Adriana Rovira, dijo que el esquema progresivo de cuidados incluye los servicios de teleasistencia, los de centros de día, los de cuidados en domicilio y los proporcionados a largo plazo en establecimientos colectivos, lugares en los que vive el 2,8 % de las personas mayores.
Desde el Gobierno, se pretende agregar a esas dos modalidades, el cuidado institucional de larga estadía, por el que el Estado pagaría a las personas que lo requieran el costo de los cuidados a entidades privadas o a organizaciones sin fines de lucro.
Foto: Mides
