Habilita a quienes están con medidas cautelares por violencia o abuso a restablecer el vínculo con sus hijas e hijos
El Parlamento de Uruguay está a punto de aprobar, el próximo miércoles 13 de julio, un proyecto de ley de “corresponsabilidad en la crianza” que habilita a quienes estén en cumplimiento de medidas cautelares por motivos de violencia o abuso hacia sus hijas e hijos a restablecer la vinculación y visitas hasta que no se dicte sentencia definitiva.
Apoyado por todos los partidos de la coalición, supone un retroceso de 30 años y antepone los derechos de los adultos frente a los de niñas, niños y adolescentes. Ante esta situación abusiva, desde la Red Pro Cuidados, junto a otras organizaciones que trabajan en temas de infancia, queremos informar y marcar posición contraria a esta legislación que nos hace retroceder como sociedad.
Este proyecto parte de la iniciativa de un grupo de progenitores varones y alguna madre de estos que han reclamado durante años el derecho de compartir la crianza aunque estén denunciados por violencia intrafamiliar, violencia física y aún abuso sexual hacia sus hijas e hijos. En este sentido, la búsqueda de legalidad que han intentado las y los legisladores del nuevo texto, cae en contradicciones conceptuales, quizás por un desconocimiento de los principios rectores que dan marco a cualquier interpretación sobre la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia.
El “interés superior del niño” es desestimado con la redacción de esta norma que será aprobada el próximo martes 12. Este interés constituye la base para la interpretación, aplicación y toma de decisiones en todo lo relativo a la niñez y adolescencia. Su consideración es de carácter obligatorio para todas las instancias del Poder Público, limitando su discrecionalidad para la sociedad y en el seno de las familias.
La Convención de los Derechos del Niño reconoce para la interpretación del ISN cuatro categorías de derechos: de supervivencia, de desarrollo, de participación y de protección especial. Estos últimos comprenden el derecho a estar protegidos contra toda forma de explotación, perjuicio, abuso físico o mental o sexual, maltrato o descuido, contra la venta o la trata, contra el uso ilícito de estupefacientes. Con esta nueva norma presentada por la legisladora del Partido Nacional Carmen Asiain el ISN queda claramente supeditado a los intereses de las personas adultas y, por lo tanto, va en contra de los avances legislativos que Uruguay construyó en las últimas décadas para proteger a la niñez.
La norma propuesta no atiende a principios de corresponsabilidad en la crianza si no que está centrada en los intereses de adultos que no parecen preocuparse por la necesidad de un cambio cultural con relación a la responsabilidad de ser partícipes reales de la crianza, sino de adquirir derechos en los conflictos sobre la tenencia de sus hijas e hijos cuando las familias se separan.
Como Red Pro Cuidados confiamos en que los actores del Poder Judicial, todos los involucrados, jueces, defensores, peritos, equipos técnicos de asesoramiento, etc. reaccionen ante este atropello a la formación que han dedicado para cumplir con la legislación nacional e internacional en defensa de una población de la que tenemos que responder en su progresivo desarrollo como personas adultas responsables.
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