En los últimos dos meses, las personas mayores han adquirido una suerte de protagonismo en los discursos de las autoridades gubernamentales, los expertos sanitarios y los medios de comunicación. En efecto, mucho se habla hoy de este grupo etario, prácticamente invisibilizado hasta hace pocas semanas, salvo si se trataba de su incidencia en la seguridad social. Pero, en este momento, la pandemia de COVID19 lo ha situado en primera fila de la información, poniendo descarnadamente de manifiesto los prejuicios y estereotipos de nuestra sociedad hacia las personas mayores.
Foto: Sistema de Cuidados
“Adultos mayores, factor de riesgo” titulaba hace unos días un programa televisivo. ¿Por qué? Un enfoque sanitarista califica a las personas mayores como el grupo más vulnerable ante el coronavirus porque se presume que tienen otras patologías previas (enfermedades pulmonares, asma, diabetes, cardiopatías, Epoc, insuficiencia renal, obesidad, etc.), que los predisponen a cursar cuadros graves si contraen la COVID19. En esta época de pandemia, la edad reaparece como criterio de vulnerabilidad en las personas mayores y no se destaca con suficiente fuerza la incidencia de las co-morbilidades, que no están obligatoriamente presentes en todas las personas mayores y que existen en otras franjas etarias. De hecho, nadie “cae” en la vejez el día mismo de su 65º cumpleaños.
El enfoque tradicional de la vejez que resurge en esta crisis sanitaria está asociado a una imagen negativa, distorsionada y uniformizada de esta etapa de la vida y se focaliza en aspectos deficitarios: deterioros, enfermedad, dependencia, como indisociables del envejecer, aun cuando la evidencia gerontológica dice justamente lo contrario. Es muy notorio en todos los medios de comunicación, donde se utiliza un estilo infantilizador para dirigirse a las personas mayores y se habla repetidamente de los “abuelos”, como signo de identidad de todo este colectivo. Señalemos al respecto que mucho menos se habla de las abuelas que son, sin embargo, ampliamente mayoritarias en la población de personas mayores y parte fundamental en las estrategias de cuidado de muchos hogares y del bienestar general de la sociedad.
Por otra parte, desde todos los ámbitos, pero especialmente en la familia cercana de la persona mayor, se aprecian conductas paternalistas: se le dice lo que puede hacer o no, se le intima a que no salga nunca (“no te preocupes, yo te hago los mandados y te traigo todo lo que necesites”), a que no reciba a nadie. Un confinamiento completo, “obligatorio por su bien”, que puede propiciar o reforzar la dependencia, generar pérdida de autoestima, y depresión. Y subraya su supuesta incompetencia para decidir sobre su propia vida.
Con la ratificación de la Convención Interamericana sobre la protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores en 2016 creíamos que se estaba superando la visión tradicional deficitaria, asistencialista y paternalista sobre el envejecimiento y la vejez. Por eso nos preocupa constatar que las personas mayores siguen siendo caracterizadas como un grupo homogéneo de riesgo, cuando la realidad nos demuestra a cada momento que, por el contrario, existen múltiples vejeces pues cada ser humano va construyendo su envejecer a lo largo de su existencia de forma única y singular.
Es necesario, sin lugar a dudas, que las personas mayores tomen todas las medidas de prevención necesarias contra el COVID 19, como el resto de la población. Pero consideramos que es preciso replantear el enfoque sobre el envejecimiento y la vejez desde una perspectiva que subraye la heterogeneidad de las vejeces y que resignifique a las personas mayores como sujetos de derecho, promoviendo su autonomía, es decir su autogobierno y su derecho a tomar sus propias elecciones y decisiones.
*** Nota elaborada por la Comisión de Personas Mayores con la coordinación de Marta Huertas
Webinar: Estrategias de los hogares en tiempos de COVID-19
ONU Mujeres y UNICEF organizaron el tercer webinar interagencial, denominado “Estrategias de los hogares en tiempos de COVID-19: Encuesta sobre el uso del tiempo, trabajo, género y niñez”, en el marco del ciclo Género, pandemia y cuarentena en Uruguay, el martes 19 de mayo de 12 a 13.30hs.
Expusieron:
Magdalena Furtado – Representante ONU Mujeres Uruguay
Luz Angela Melo – Representante UNICEF Uruguay
Rafael Porzecanski – Director de Opinión Pública en Opción Consultores
El impacto del COVID19 expuso como nunca las desigualdades estructurales que desde siglos atrás sufren las mujeres a lo largo y ancho del globo. La combinación del confinamiento domiciliario y el teletrabajo demostró a muchos las altas cargas de trabajo no remunerado asociado a las tareas domésticas y los cuidados. ¿Puede esta crisis ser una oportunidad para la superación de la división sexual del trabajo y las diferencias de género o significará un ensanche de las brechas y desigualdades previas? Cinco expertas compartieron sus reflexiones y orientaciones políticas en el webinar Género y cuidados en tiempos de emergencia sanitaria y social.
Foto: Sistema de Cuidados, Uruguay
El encuentro virtual, desarrollado el jueves 14 de mayo de 2020, fue organizado por Amnistía Internacional Uruguay (AIUY) y el Centro Interdisciplinario de Estudio sobre el Desarrollo (CIEDUR), con el apoyo de la Red Pro Cuidados, la Intersocial Feminista y La Diaria. Con la participación de más de 80 personas, la actividad contó con la apertura de Lucía Pérez Chabeneau, Directora Ejecutiva (I) de AI Uruguay, y Andrea Tuana, de la Intersocial Feminista. Las exposiciones estuvieron a cargo de Soledad Salvador, secretaria ejecutiva de CIEDUR; Margarita Percovich Aldabe, coordinadora de la Red Pro Cuidados; y Fernanda Doz Costa, directora adjunta para AI Américas.
Al igual que las crisis que la precedieron, esta emergencia sanitaria profundizó las desigualdades estructurales. El webinar, impulsado en el marco de la campaña de AIUY “Más cerca que nunca”, reflexionó sobre las estrategias para abordar la cuestión de los cuidados desde una perspectiva de derechos humanos. Asimismo se abordó la necesidad de visibilizar el rol y las desigualdades que recaen sobre las mujeres, así como las estrategias para compatibilizar el mundo del trabajo y la vida cotidiana en este marco de crisis sanitaria, económica y social.
Si bien prima una narrativa en la que la emergencia del COVID “nos iguala”, es evidente que los impactos son diferenciales según el género y los esquemas de opresión. La Intersocial Feminista manifestó su fuerte preocupación por el impacto del confinamiento, que devolvió a las mujeres al espacio doméstico y despolitizado. La pérdida de autonomía económica de muchas mujeres significa una vuelta a la dependencia y el sometimiento de sus relaciones de parejas u otras personas. Tuana, denunció situaciones de miedo, incertidumbre e inseguridad alimentaria, en el marco de un retroceso regional y nacional, con amenazas diarias a los derechos conquistados, especialmente para niñas, niños, adolescentes.
LA ECONOMÍA DETRÁS DE LOS CUIDADOS.
Salvador, por su parte, señaló que se está logrando visibilizar lo que en otras crisis quedó invisibilizado. Esta emergencia juntó en el mismo ámbito del hogar: el trabajo remunerado y el no remunerado. Las familias, como desde siempre, resuelven este último con las herramientas a su alcance, lo que se traduce en una nueva recarga en las mujeres. La política pública aún no logró identificar ni dar respuesta a este asunto. Según la representante de CIEDUR, el desafío es que la denuncia de estas desigualdades no solo quede en el debate, sino lograr incidir en las prácticas cotidianas.
A partir de un estudio conjunto con ONU Mujeres, se constató una significativa pérdida de empleo e ingresos en muchos hogares. Si bien en crisis anteriores la pérdida de la formalidad para pasar al cuentapropismo podía ser una solución para mejorar los ingresos de ciertos sectores de la población, hoy ya no lo es, dado que los sectores con más dificultades para teletrabajar son justamente los informales. Por otra parte, se identifican afectaciones y medidas especiales para trabajadoras sexuales y trabajadoras domésticas. Estas últimas tienen en Uruguay mayores niveles de protección que en el resto de la región. Por ejemplo, la regulación vigente establece que si el empleador no convoca a la trabajadora debe pagarle de toda formas, mecanismo particularmente importante en esta coyuntura de aislamiento, recordó Salvador.
La experta señaló que otras medidas implican transferencias monetarias de emergencia o modificaciones a las condicionantes, montos y/o poblaciones destinatarias de aquellas ya ordinarias (ampliación horizontal o incremento vertical). Algunos países también han implementado subsidios a empresas para que mantengan sus puestos de trabajo.
Salvador reivindicó que la respuesta económica a la crisis debería ser dada por los sectores más pudientes, no por las y los trabajadores. Desde CIEDUR y otras organizaciones se está procurando ayudar a los gobiernos a pensar cómo lograr que las transferencias monetarias puedan ser herramientas de promoción de derechos, no solo un paliativo ante la falta de ingresos. Ello implica generar mayor capacidad de agencia y mejorar las condiciones de empleabilidad de las mujeres.
LOS DESAFÍOS DEL SISTEMA DE CUIDADOS EN URUGUAY.
Desde la Red Pro Cuidados se reconocen los significativos avances que gracias al movimiento de mujeres se han logrado en Uruguay en los últimos años. Hoy el Sistema de Cuidados constituye una revolución en la cultura institucional de nuestro país, reconoció.
Al final del anterior período de gobierno, el Comité Consultivo de Cuidados (integrado por el PIT-CNT, la academia, las organizaciones sociales y los prestadores privados de servicios de cuidados) planteó una serie de desafíos a abordar por la actual administración. En primer lugar, se entiende menester la consolidación de la política pública y reafirmar sus poblaciones objetivo. También se reafirmó la necesidad de promover el reconocimiento público del derecho a los cuidados, abordando la división sexual del trabajo desde una perspectiva de género y de corresponsabilidad entre Estado, mercado, comunidad y familias.
En materia de niñez, gracias a las reivindicaciones históricas, existen mayores niveles de formalización del trabajo, por ejemplo en el caso de INAU y centros de cuidado infantil. No obstante, por su permanente invisibilización, todavía cuesta mucho la formalización de las trabajadoras del cuidado de personas dependientes, por ejemplo, a través de su inclusión en los convenios colectivos, se señaló.
Otro de los desafíos planteados refiere al fortalecimiento de las instituciones específicas responsables de las poblaciones del Sistema. Asimismo, se llama a mantener los principios del marco legal del SNIC: universalidad, progresividad, igualdad de género, participación, entre otros.
Por otra parte, se subrayó la importancia de considerar el financiamiento del Sistema, que no debería depender de la definición del sistema político -altamente masculinizado y ajeno a esta problemática- en cada rendición de cuentas y presupuesto. También en materia presupuestal, se señaló que tras la priorización a la primera infancia, hoy es necesario dar especial atención a la dependencia severa para personas mayores y personas en situación de discapacidad.
Por último, se llamó a seguir mejorando el monitoreo de los servicios de cuidados, especialmente en los residenciales de larga estadía para personas mayores, cuya vetusta legislación exige una revisión, apuntó Percovich.
IMPACTO DEL COVID19 EN LA REGIÓN MÁS DESIGUAL DEL MUNDO.
Según Daz Costa, los desafíos planteados desde Uruguay sirven de inspiración a las mujeres de la región. Recordó que previo a la emergencia del COVID19, la lucha por la igualdad de género ganaba cada vez más apoyo entre las sociedades latinoamericanas.
Como contracara, los datos sobre violencia de género continúan aumentando en América Latina, al tiempo que se mantiene el manto de impunidad de sus perpetradores, denunció. Apuntó que casi la totalidad de las mujeres en edad reproductiva del continente vive en países con leyes restrictivas sobre el aborto, siendo además la única que presenta un crecimiento de las cifras de embarazo de niñas, incluso en 2019. Se estima también que la reorientación de la cobertura médica hacia la atención a la pandemia, se traduce en una reducción de la cobertura de otros servicios, como el acceso a anticonceptivos y servicios de salud sexual y reproductiva.
Desde Amnistía Internacional Uruguay se entiende que la salida de la emergencia constituye una oportunidad para el feminismo. Según Daz Costa, esta crisis permite evidenciar lo que las mujeres vienen reivindicando por décadas. Construir y promover narrativas propias permitirá crear las condiciones para que los Estados actúen en aras de mayor igualdad de género. Para ello será necesario la incidencia estratégica de las organizaciones sociales, principales protagonistas de las luchas por derechos en toda la región, señaló.
Daz Costa planteó que el mundo será significativamente distinto tras el COVID19. Hoy se reconoce de primera mano, incluso por varones, la importancia y desigualdad de género asociada al trabajo no remunerado. Pese a los abrumadores balances negativos, valoró la fuerza de mujeres y varones jóvenes, organizaciones sociales y militantes de Derechos Humanos que luchan por mayor igualdad. Para finalizar, Daz Costa llamó a “aprovechar la oportunidad para cambiar el paradigma y moldear el futuro que queremos”.
