Gobierno presentó el Plan Nacional de Cuidados para el quinquenio

Al cierre de la segunda reunión de la Junta Nacional de Cuidados, sus integrantes le entregaron el documento al presidente Yamandú Orsi. Este plan, elaborado en los primeros meses de gestión, tiene una perspectiva centrada en las personas y en las comunidades.

El ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, explicó que la consolidación del plan es parte de un proceso de trabajo de muchos actores. Se busca avanzar con el acceso a los cuidados, la formación de las personas, la generación de información de calidad y promover un cambio cultural en relación al tema.

Uno de los cambios previstos se basa en transformar las postulaciones que hasta ahora se hacen a servicios concretos y tienen listas de espera. “Necesitamos un acceso al sistema centrado en las personas, una postulación más general”, dijo el jerarca, quien recordó que, desde su origen, se aspira a que sea universal. 

Flexibilización de modelos

Por su parte, la presidenta del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU), Claudia Romero, dijo que hay que pensar en las infancias y en las adolescencias, en cómo se las cuida, poniendo el énfasis en las personas y en las familias. La apuesta es a flexibilizar los modelos de atención y de cuidados, en una lógica de un marco interinstitucional y de una perspectiva de derechos.

Habló de la necesidad de aumentar los tiempos de cuidados, así como también los pedagógicos y educativos, “porque educar también es cuidar”, sostuvo, en alusión a los centros de primera infancia y el trabajo articulado con la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

Esto permitirá que las mujeres tengan autonomía para poder trabajar. En esa línea, lo vinculó a la lucha contra la pobreza infantil.

Objetivos del plan

Las metas específicas del nuevo Plan Nacional de Cuidados son:

  • Avanzar en derecho universal al cuidado, en relación a servicios, subsidios y programas de cuidados, y regulación de calidad.
  • Promover trabajo y formación de calidad garantizando condiciones laborales dignas para el sector de los cuidados.
  • Generar y hacer disponible información para la toma de decisiones y la reflexión sobre una política pública de cuidados. Se avanzará en registro nacional.
  • Promover el cambio cultural para transformar la actual organización social de los cuidados.

Financiamiento

El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, valoró que, en poco tiempo, se logró un plan consistente que guiará la política de cuidados de los próximos años, con una mirada integral y una visión de la protección social que abarque todo el ciclo de vida.

En cuanto a su financiamiento, recordó que una parte está sostenida en el Presupuesto Nacional, a estudio del Parlamento, mientras que otros componentes son parte de una política más amplia enmarcada en el Diálogo Social. Para avanzar en su sostenibilidad se realizará un seminario con expertos el martes 4 de noviembre.

“Tenemos que ser capaces de avanzar con instrumentos de políticas sostenidos en modelos de financiamiento sustentables a lo largo del tiempo, que le den los derechos a la ciudadanía, en un siglo XXI donde los cuidados son un elemento central para la nueva matriz de política social que necesita el Uruguay de hoy”, enfatizó Arim.

Proceso de elaboración

En el primer encuentro, realizado el 30 de abril, se instalaron tres comisiones a las que se les encomendó la elaboración del plan entregado al presidente de la República, Yamandú Orsi, el martes 28 de octubre.

Los grupos fueron integrados por miembros de ministerios y entidades que componen la junta, el comité consultivo y los equipos técnicos de la Secretaría Nacional de Cuidados y Discapacidades. La primera comisión se dedicó a abordar el derecho al cuidado, la segunda al trabajo y la formación de cuidadores, y la tercera a la información y gestión del conocimiento.

Como mecanismos transversales se enfatizó en la corresponsabilidad social; la participación del Estado, las familias y las comunidades, y la corresponsabilidad de género, informó la secretaria nacional de Cuidados y Discapacidad, Susana Muñiz.

En la Junta también participaron los ministros de Salud Pública, Cristina Lustemberg; Ambiente, Edgardo Ortuño, y Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo; el subsecretario del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Christian Di Candia, la presidenta del BPS, Jimena Pardo; la directora del Inmujeres, Mónica Xavier; y la directora de Cuidados del Ministerio de Desarrollo Social, Valentina Perrotta, entre otras autoridades.

Red Pro Cuidados advierte que la asignación presupuestal no es suficiente para la lista de espera de 7.000 personas en el Sistema de Cuidados

La organización civil presentó un documento con un conjunto de propuestas en el marco del diálogo sobre protección y seguridad social que coordina el gobierno.

Dentro de la etapa de “recopilación de insumos” del Diálogo Social, que se extenderá hasta noviembre, la Red Pro Cuidados presentó un documento que contiene un diagnóstico del panorama actual del Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC) y algunas primeras propuestas para reformar el régimen de seguridad social, esto es, el objetivo final del proceso de discusión coordinado por el Poder Ejecutivo.

En el texto, al que tuvo acceso la diaria, se señala que actualmente hay alrededor de 7.000 personas en la lista de espera para el programa de asistentes personales del SNIC, “un servicio esencial para quienes necesitan apoyo en su vida diaria”. En el período pasado, se agrega, “aproximadamente 4.000 personas fallecieron sin haber recibido la atención necesaria, lo que evidencia una grave vulneración de derechos y demanda una reacción urgente”. Según la organización civil, que fue fundada en 2013 con el propósito de impulsar la implementación del SNIC, “la asignación presupuestal actual no permite abordar esta situación”.

Con relación al presupuesto quinquenal presentado por el Poder Ejecutivo, que todavía debe aprobarse en el Senado, la Red Pro Cuidados valora de manera positiva el “gran esfuerzo” en las partidas adicionales destinadas para la salud, la educación y los cuidados, enfocadas especialmente “en la etapa de la primera infancia, priorizando la erradicación de la pobreza infantil”.

Al respecto, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, ha puntualizado que el gobierno destinará el 40% de la asignación presupuestal incremental –unos 56 millones de dólares– a distintos programas vinculados a la infancia y la adolescencia.

No obstante, en el documento presentando en el Diálogo Social, la Red Pro Cuidados advierte que, pese a los montos asignados, “siguen aumentando las brechas para la niñez y la adolescencia en situación de discapacidad, no habiendo previsto en el presupuesto quinquenal suficientes recursos para facilitar su acceso a la educación y recreación” mediante “el desarrollo de programas de accesibilidad, asistencia personal y acompañamientos pedagógicos en la educación primaria y secundaria y en los espacios de recreación y deportes”. El colectivo añade que “las carencias se hacen más críticas a medida que llegan a la adolescencia y juventud, con la imposibilidad de acceso para muchos a educación secundaria y formación técnica”.

Por otra parte, la Red Pro Cuidados advierte sobre “grandes dificultades del punto de vista presupuestal” para la fiscalización de los establecimientos en los que residen las personas mayores institucionalizadas por parte de los ministerios de Desarrollo Social y Salud Pública. Se señala que, “debido a la falta de funcionarios inspectores, la tarea de fiscalización se focaliza en los casos que hay denuncia”.

Las propuestas

A la Red Pro Cuidados le corresponde uno de los ocho lugares que tienen las organizaciones sociales en la Comisión Ejecutiva del Diálogo Social, que deberá elaborar y presentar un documento final con propuestas de modificaciones al sistema de seguridad social antes del 30 de abril de 2026.

En ese marco, el colectivo propone en el documento, en primer lugar, llevar adelante una “jerarquización de las políticas sociales”. Se plantea fortalecer el funcionamiento interinstitucional de los organismos públicos que forman parte del SNIC, “manteniendo la ejecución en el Ministerio de Desarrollo Social e integrando la Secretaría de Cuidados como comisión asesora de Presidencia”.

Se señala que la tarea de coordinación de la Secretaría de Cuidados “tendrá como meta definir un presupuesto que incluya los aportes económicos y de personal que realizan las distintas instituciones estatales para el cumplimiento, en lo que les compete, del Plan de Acción del Sistema de Cuidados”.

La Red Pro Cuidados también plantea introducir la perspectiva de género “en todas las acciones que se definen desde el Estado para el SNIC” a los efectos de disminuir “la reproducción de la pobreza de niños, niñas y adolescentes a través de la vulnerabilidad de sus madres”.

Se propone además llevar a cabo una planificación de las prioridades para cada sector de la población, “racionalizando el uso de las infraestructuras y programas ya existentes” y “definiendo etapas en esos planes”, lo cual permitirá “evitar que se generen expectativas inmediatas”, en vista de “las restricciones presupuestales actuales”.

Asimismo, la organización civil plantea avanzar hacia “un modelo de financiamiento que permita que el SNIC se constituya en el cuarto pilar de la protección social”. Esto implicará “profundizar en la búsqueda de alternativas de financiamiento y sostenibilidad del sistema que contemplen la necesaria corresponsabilidad entre el Estado, el sector privado empresarial, la comunidad y las familias”.

https://ladiaria.com.uy/politica/articulo/2025/10/red-pro-cuidados-advierte-que-la-asignacion-presupuestal-no-es-suficiente-para-la-lista-de-espera-de-7000-personas-en-el-sistema-de-cuidados/

Salud mental: un derecho que exige respuestas urgentes

La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) se une a la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental, que cada 10 de octubre recuerda que la salud mental es un derecho humano básico y universal.

Todas las personas, sin importar su edad o condición, tienen derecho a gozar del grado más alto posible de salud mental. Este derecho comprende la protección frente a factores de riesgo, el acceso a una atención oportuna, accesible, digna y de calidad, y la posibilidad de ejercer la máxima autonomía posible en una vida integrada en la comunidad.

En nuestro país persisten desafíos importantes para avanzar hacia la plena implementación de la ley nº 19.529 (Ley de Salud Mental). Aunque se han registrado avances, subsisten nudos críticos que requieren atención urgente y un trabajo interinstitucional más profundo. La reciente confirmación de que no será posible cerrar los hospitales monovalentes en los plazos previstos obliga a replantear un cronograma claro y sostenible, lo que debería ser considerado por el Parlamento en relación con los plazos establecidos en la normativa vigente.

La transformación del modelo no es sencilla ni automática: exige la creación de nuevos dispositivos en todo el territorio, la reconversión y capacitación de trabajadoras y trabajadores de la salud, y el fortalecimiento de las capacidades institucionales.

La INDDHH reitera especialmente su preocupación por la atención a niñas, niños y adolescentes bajo la protección y custodia del Estado. La Institución ha advertido reiteradamente sobre situaciones en las que, tras recibir el alta médica, permanecen internados durante semanas, meses o incluso años debido a la falta de dispositivos que les permitan reintegrarse a entornos familiares o comunitarios protectores.

Parte de las transformaciones necesarias implica contar con datos robustos y confiables sobre internaciones involuntarias y prolongadas, como elemento clave para garantizar transparencia, eficacia en las decisiones socio-sanitarias y la mejora continua de las políticas públicas.

En esta fecha, la INDDHH reafirma su compromiso de seguir trabajando junto a todas las instituciones y actores involucrados en la construcción de un sistema de salud mental con enfoque de derechos humanos. La salud mental es un derecho fundamental cuya plena garantía no solo responde a las necesidades de un sector de la población, sino que contribuye al bienestar colectivo y a la calidad de vida de toda la sociedad.

Consejo Directivo
Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo
INDDHH