La Alianza de Organizaciones por los Derechos de las Personas con Discapacidad se asocia a la Red Pro Cuidados

Con la participación de 25 organizaciones representativas de distintas discapacidades, la Alianza basa su trabajo en los preceptos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Se trata de la organización referente en la temática a nivel nacional y actúa como representante ante organismos de Naciones Unidas y gubernamentales. Se acordó que la Red y la Alianza consoliden un vínculo permanente para el trabajo conjunto ante temáticas específicas de discapacidad y cuidados.

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Las personas mayores en tiempos de COVID19

En los últimos dos meses, las personas mayores han adquirido una suerte de protagonismo en los discursos de las autoridades gubernamentales, los expertos sanitarios y los medios de comunicación. En efecto, mucho se habla hoy de este grupo etario, prácticamente invisibilizado hasta hace pocas semanas, salvo si se trataba de su incidencia en la seguridad social. Pero, en este momento, la pandemia de COVID19 lo ha situado en primera fila de la información, poniendo descarnadamente de manifiesto los prejuicios y estereotipos de nuestra sociedad hacia las personas mayores.

Foto: Sistema de Cuidados
Foto: Sistema de Cuidados

Adultos mayores, factor de riesgo” titulaba hace unos días un programa televisivo. ¿Por qué? Un enfoque sanitarista califica a las personas mayores como el grupo más vulnerable ante el coronavirus porque se presume que tienen otras patologías previas (enfermedades pulmonares, asma, diabetes, cardiopatías, Epoc, insuficiencia renal, obesidad, etc.), que los predisponen a cursar cuadros graves si contraen la COVID19. En esta época de pandemia, la edad reaparece como criterio de vulnerabilidad en las personas mayores y no se destaca con suficiente fuerza la incidencia de las co-morbilidades, que no están obligatoriamente presentes en todas las personas mayores y que existen en otras franjas etarias. De hecho, nadie “cae” en la vejez el día mismo de su 65º cumpleaños. 

El enfoque tradicional de la vejez que resurge en esta crisis sanitaria está asociado a una imagen negativa, distorsionada y uniformizada de esta etapa de la vida y se focaliza en aspectos deficitarios: deterioros, enfermedad, dependencia, como indisociables del envejecer, aun cuando la evidencia gerontológica dice justamente lo contrario. Es muy notorio en todos los medios de comunicación, donde se utiliza un estilo infantilizador para dirigirse a las personas mayores y se habla repetidamente de los “abuelos”, como signo de identidad de todo este colectivo. Señalemos al respecto que mucho menos se habla de las abuelas que son, sin embargo, ampliamente mayoritarias en la población de personas mayores y parte fundamental en las estrategias de cuidado de muchos hogares y del bienestar general de la sociedad. 

Por otra parte, desde todos los ámbitos, pero especialmente en la familia cercana de la persona mayor, se aprecian conductas paternalistas: se le dice lo que puede hacer o no, se le intima a que no salga nunca (“no te preocupes, yo te hago los mandados y te traigo todo lo que necesites”), a que no reciba a nadie. Un confinamiento completo, “obligatorio por su bien”, que puede propiciar o reforzar la dependencia, generar pérdida de autoestima, y depresión. Y subraya su supuesta incompetencia para decidir sobre su propia vida. 

Con la ratificación de la Convención Interamericana sobre la protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores en 2016 creíamos que se estaba superando la visión tradicional deficitaria, asistencialista y paternalista sobre el envejecimiento y la vejez. Por eso nos preocupa constatar que las personas mayores siguen siendo caracterizadas como un grupo homogéneo de riesgo, cuando la realidad nos demuestra a cada momento que, por el contrario, existen múltiples vejeces pues cada ser humano va construyendo su envejecer a lo largo de su existencia de forma única y singular. 

Es necesario, sin lugar a dudas, que las personas mayores tomen todas las medidas de prevención necesarias contra el COVID 19, como el resto de la población. Pero consideramos que es preciso replantear el enfoque sobre el envejecimiento y la vejez desde una perspectiva que subraye la heterogeneidad de las vejeces y que resignifique a las personas mayores como sujetos de derecho, promoviendo su autonomía, es decir su autogobierno y su derecho a tomar sus propias elecciones y decisiones.

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Nota elaborada por la Comisión de Personas Mayores con la coordinación de Marta Huertas

Red Pro Cuidados sobre el proyecto de Ley de Urgente Consideración

El viernes 15 de mayo, Isabel Pérez y Rosario Aguirre Cuns presentaron la postura de la Red Pro Cuidados ante el proyecto de Ley de Urgente Consideración en la Comisión Especial del Senado. Tras realizar una breve presentación sobre la organización se expusieron las principales preocupaciones respecto a la propuesta de articulado vigente a la fecha. 

Rosario Aguirre Cuns e Isabel Villar, de la Red Pro Cuidados, en la Comisión Especial de la Ley de Urgente Consideración
Rosario Aguirre Cuns e Isabel Villar, de la Red Pro Cuidados, en la Comisión Especial de la Ley de Urgente Consideración

En primer lugar se señalaron recomendaciones sobre las competencias del Ministerio de Desarrollo Social y sus dependencias, con una mención especial al rol definido para el Instituto Nacional de la Juventud (INJU). Con respecto al Instituto Nacional de las Personas Mayores se advirtió el uso de una terminología desactualizada y sexista, al tiempo que se presentaron sugerencias para la redacción de algunos artículos.

En cuanto a la Comisión Especial de Discapacidad planteada se advirtió que no hay ninguna mención a los planes elaborados a la fecha ni a las recomendaciones en el marco de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por último, se reivindicó la participación de las personas con discapacidad como principio rector de la política pública.

Versión en PDF repartida en sala: Red Pro Cuidados sobre proyecto de ley de Urgente Consideración 15.05

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DOCUMENTO COMPLETO

Presentación a la Comisión Especial Proyecto de ley de Urgente Consideración

Montevideo, 15 de mayo de 2020

Agradecimientos

Queremos expresar nuestro reconocimiento y gratitud a los y las legisladoras que integran esta comisión por recibirnos y escuchar nuestras opiniones y demandas.

Presentación de la Red Pro Cuidados

Somos una organización de la sociedad civil sin fines de lucro compuesta por redes, organizaciones y personas de Montevideo y del Interior del país, (ver Anexo) preocupadas por las insuficiencias y/o carencias de cuidado que experimentan las personas dependientes (niños y niñas, personas mayores y personas con discapacidad) y por las inadecuadas condiciones en que las personas que brindan dichos cuidados -generalmente mujeres- deben proporcionarlos en la actualidad.

Venimos trabajando desde hace años buscando hacer visible a nivel de la sociedad la magnitud e impacto de estos problemas y sus importantes consecuencias en el bienestar de las personas dependientes y de su entorno familiar y laboral. Estos problemas tienen amplias repercusiones económicas, sociales y culturales en la medida que la insuficiencia de cuidados y su desigual distribución fortalecen y perpetúan las inequidades existentes en nuestra sociedad (económicas, de género, étnicas, etc.).

Para ello hemos impulsado la creación del Sistema Nacional Integrado de Cuidados, formamos parte del Comité Consultivo y seguimos atentamente su implementación, con señalamientos para su mejoramiento.

Es a partir de esta trayectoria que nos interesa acercar nuestra preocupación por algunos de los artículos presentes en el proyecto, que involucran a la institucionalidad y concreción del Sistema Nacional de Cuidados, en tanto se trata de una política que requiere la acción coordinada de diversos actores del Estado, a través de la Junta Nacional que la dirige.

COMPETENCIAS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

La nueva redacción relativa a las competencias del Ministerio de Desarrollo Social es más clara y ordenada que la redacción anterior del texto del proyecto de ley de urgente consideración.

Señalamos, sin embargo, la ambigüedad del literal C) del Art.408 que refiere a su responsabilidad de velar por el correcto cumplimiento de los cometidos de los “órganos” que lo integran. Sería mejor aclarar si se refiere a los Institutos que funcionan en la órbita del MDS y a los Consejos Asesores.

Es positivo que se establezca el rol coordinador de las acciones intersectoriales, cumple así con las funciones que los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por el país, le asignan al Estado en la promoción y construcción de políticas públicas interinstitucionales.

COMPETENCIAS DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD

Lamentamos que se le quite el rol ejecutivo para desarrollar las acciones que diseñe. Se trata de un Instituto de larga trayectoria y rica experiencia en la elaboración de Planes para la Juventud, investigaciones y elaboración de información y datos sobre las características de esta etapa etaria que dan cuenta de las diferencias entre las mujeres y varones jóvenes, su distribución geográfica y sus problemas específicos.

Agregamos que el lenguaje utilizado en el texto del Art. 408 A), refiere a los jóvenes como varones, ocultando la visibilidad necesaria de que esta población está compuesta por mujeres con sus problemas específicos. Sugerimos que se utilice el genérico “juventud”, si no se quiere aplicar el lenguaje no sexista, ya que de esta forma induce a un imaginario no real.

CONSEJO ASESOR DEL ADULTO MAYOR

El Uruguay es un país que tempranamente realizó el proceso de transición demográfica aumentando progresivamente el porcentaje de su población de personas mayores de 65 años. En las edades más avanzadas se destaca el número notoriamente mayor de mujeres, elemento que presenta problemas específicos para las políticas referidas a esta etapa etaria porque las mujeres arrastran en estas edades las limitaciones de su inserción en las políticas de protección social por su despareja participación en el mercado laboral, debido a los cuidados familiares asignados a su sexo.

El país cuenta con numerosa producción de datos, investigaciones y planes sobre el envejecimiento en el país y sus características que suponemos se aprovechará para el cumplimiento de las competencias que se le asignan al Consejo Asesor.

Señalamos que se emplea un leguaje desactualizado y sexista al referirse al “Adulto Mayor”, superado a partir de la aprobación de la Convención de los Derechos de las Personas Mayores que se refiere a los derechos humanos de las personas mayores para incluir a las mujeres y otros diversos grupos presentes en este sector de población.

Existe una concepción cultural muy extendida en las instituciones que se relacionan con las personas mayores muy medicalizada y tutelar, que exige un cambio de paradigma basado en la promoción de la autonomía que vino trabajando muy exitosamente con las organizaciones de la sociedad civil el Inmayores desde su creación.

Realizamos cuatro sugerencias para la redacción de los Art. 409 Y 410 del actual proyecto de ley:

  1. el cambio de denominación y empleo del leguaje correcto;
  2. la inclusión en el Consejo Asesor de la Facultad de Psicología y de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR ya que son instituciones académicas que poseen grupos de investigación que han trabajado en la producción de información y conocimientos sobre las vejeces y los procesos de envejecimiento;
  3. agregar al literal 5 del Art.411: …los derechos específicos de esta etapa etaria “expresados en la Convención Interamericana de los derechos de las Personas Mayores»
  4. agregar al literal 6 del artículo 411:… lograr una vejez saludable “y el desarrollo de su autonomía”.

Asimismo, sería conveniente la derogación de la Ley 17.066 que sigue adjudicando al MSP la rectoría de las políticas para las personas mayores lo que contradice la necesaria integralidad que deben tener.

INSTITUTO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE URUGUAY INAU

El Artículo 411 literal H, asigna en exclusividad al INAU los programas relativos a adolescentes embarazadas en una cuestión que exige un abordaje interdisciplinario e intersectorial. La exclusión del Ministerio de Salud Pública puede dificultar el cumplimiento de las políticas concretas desarrolladas en relación a la prevención del embarazo o los asesoramientos referentes a la salud sexual y reproductiva y a la aplicación de la ley IVE.

COMISIÓN ESPECIAL PARA LA DISCAPACIDAD

En la redacción de los Art.414 y 415 en los que se crean y se definen los roles de la misma, no se hace referencia a los planes ya elaborados por la anterior Administración que debió dar cuenta de las políticas para esta población ante el Comité de Expertos que realiza el seguimiento del cumplimiento de la Convención de los Derechos de las Personas en situación de Discapacidad (Uruguay ratificó en 2008 esa Convención por lo cual es derecho positivo vigente).

De esa instancia reciente, surgieron recomendaciones para el Estado uruguayo que deberían referirse para las recomendaciones a las que refieren artículos antes citados.

Estas recomendaciones incluyen las medidas específicas para contemplar los problemas de las mujeres en situación de discapacidad que también integran las leyes promovidas por el Inmujeres.

Asimismo, el derecho a la participación de las personas en situación de discapacidad es un principio rector de la Convención y debería reflejarse en todas las instancias de diagnóstico, formulación y evaluación de políticas por lo que deberían ser integrantes plenos de la Comisión que se propone crear.