Prioridades en las políticas de infancia y adolescencia

Cuidados y Educación en Primera Infancia, Infancia y Adolescencia

Prioridades irrenunciables en las políticas sociales y educativas en el contexto de recortes presupuestales en el Uruguay de hoy.

agosto 2020

Considerando la situación incierta en relación a los cuidados y la educación, especialmente en la Primera Infancia, Infancia y Adolescencia, la Comisión Infancia de la Red Pro Cuidados entiende pertinente realizar las siguientes puntualizaciones:

  • La primera infancia es la etapa comprendida desde el nacimiento a los 6 años. El Consejo coordinador de Educación en Primera Infancia (CCEPI), creado por Ley General de Educación 18.437/2008 y presidido por el MEC, así lo consideró desde su constitución en el año 2009 promoviendo el trabajo interinstitucional e intersectorial. Si bien se reconoce la especificidad de los dos tramos que la componen: nacimiento a 36 meses y 3 años a 6 años, los mismos están enmarcados en la unicidad de la etapa, concepción sostenida en la Observación General N° 7 (2005) por el Comité de Seguimiento de los Derechos del Niño.
  • Durante la primera infancia los cuidados y la educación son parte de un mismo proceso.  A nivel internacional esta relación estrecha se manifiesta por medio de la expresión Atención y Educación en la Primera Infancia (AEPI- UNESCO-2007). La falsa diferenciación entre educación formal obligatoria a partir de los 4 años, y no formal desde el nacimiento a los 3 años, declaradas en la Ley 19.889/2020 de Urgente Consideración (LUC) fragmenta conceptualmente un trayecto que en la vida de niños y niñas es único y continuo.
  • La educación y los cuidados en primera infancia constituyen para nuestro país una política de Estado.  A fines del año 2019, el Uruguay se encontraba posicionado como el país de mayor cobertura en la región: menores de 1 año – 15,5%, 1 año – 39%, 2 años – 55,3%, 3 años -75,8%, 4 años – 94,2% y 5 años – 99,4% (Datos de la Encuesta Continua de Hogares del Instituto Nacional de Estadística)
  • Las necesidades de cuidados en la niñez trascienden el tramo comprendido entre el nacimiento y los 3 años. La Ley 19.353/2015 que crea el Sistema Nacional Integrado de Cuidados es de aplicación hasta los 12 años de edad. En el quinquenio 2015 – 2019 se hizo énfasis en la primera infancia, tomando como prioridad el tramo comprendido desde el nacimiento a los 3 años. Para ello se tuvo en cuenta que, a pesar del impulso otorgado en las últimas décadas al Plan CAIF y otras modalidades de atención, la cobertura existente en ese tramo aún resulta insuficiente. Existen etapas de mayor vulnerabilidad y dependencia en la vida de las personas (los dos primeros años de vida, por ejemplo) que requieren una mayor demanda de los familiares referentes.  Sin embargo, la paulatina adquisición de la autonomía progresiva requiere del acompañamiento y los cuidados de niñas y niños desde el nacimiento hasta la adolescencia.
  • Las políticas sociales y educativas deben considerar por igual el derecho de niñas, niños y referentes familiares a contar con cuidados de calidad en un marco de corresponsabilidad entre el Estado, las Familias y la Comunidad. Las madres y jefas de familia son quienes deben disponer, especialmente, de espacios de educación y cuidados de calidad para sus hijos e hijas mientras ellas trabajan, estudian o realizan otras actividades. Se entiende por cuidados de calidad el conjunto de acciones implementadas en procura del bienestar de niños y niñas, organizadas en un marco de respeto por la Convención de los Derechos del Niño (CDN/ 1989) ratificada por Uruguay en el año 1990.   
  • En lo referido a primera infancia (desde el nacimiento a los 6 años) en el quinquenio 2015-2019 se planificó la creación o ampliación de una importante cantidad de centros de educación y cuidados, línea de acción que ya comenzó a concretarse. La planificación se realizó en base a una geo-referenciación con el propósito de lograr una mayor cobertura en todo el territorio nacional. Fue producto del trabajo conjunto entre el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), el Instituto de la Niñez y la Adolescencia del Uruguay (INAU), la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y el Ministerio de Educación y Cultura (MEC). Para avanzar en la universalización del nivel 3 años se proyectó la ampliación de más de 90 escuelas primarias y jardines de Infantes y la construcción de otros 50 jardines de infantes por obra nueva, la mayoría de ellos por modalidad de Participación Público Privada (PPP).  En cuanto a la ampliación de cobertura para las edades menores a los 3 años por Plan CAIF (Centros de Atención a la Infancia y la Familia) y centros CAPI (Centros de Atención a la Primera Infancia) se proyectó la ampliación de 98 centros, la construcción de 15 centros por modalidad PPP en terrenos compartidos con el CEIP y 56 centros nuevos entre los años 2020 y 2021. Este trabajo se realizó a través de la Comisión Infancia coordinada por la Secretaría de Cuidados, en el marco del SNIC. Al día de hoy ya se han entregado algunos locales nuevos, y se supone que las obras ya presupuestadas se llevarán a cabo.

Ante esta realidad, en el marco del tratamiento del proyecto de Presupuesto Quinquenal 2020-2024 consideramos necesario alertar a los tomadores de decisiones y a la población en general los principales avances logrados en las últimas décadas que peligran con los recortes presupuestales anunciados:

  • La universalización de la educación y atención de niños y niñas de 3 años en el ámbito del CEIP peligra si no se destina presupuesto para la creación de nuevos cargos docentes y no docentes para implementar los Jardines de Infantes que se entregarán en el correr de este año y el próximo. Por otra parte, existen dudas acerca de cómo el gobierno actual proyecta cubrir el reembolso a las empresas constructoras privadas previsto por un plazo 20 años según contratos por modalidad PPP.
  • Los recortes presupuestales hacen peligrar el aumento de la educación y atención diaria de niñas y niños desde el nacimiento a los 2 años en el ámbito del plan CAIF (gestionados por Organizaciones de la Sociedad Civil. OSC) y otras modalidades implementadas por el SNIC en estos últimos 5 años, como las Casas Comunitarias de Cuidados, los centros de Educación y Cuidados en convenio con sindicatos y empresas (SIEMPRE), los espacios de cuidados para hijos/as de estudiantes de Enseñanza Media, las Becas de Inclusión Socio educativas (BIS) en centros privados habilitados. Asimismo, También peligra la ampliación prevista de los CAPI, centros gestionados directamente por el INAU y que atienden poblaciones en situación de extrema vulnerabilidad, entre el nacimiento y los 3 años de edad.
  • Para dar respuesta a las proyecciones realizadas en primera infancia resulta imprescindible dar continuidad y profundizar el trabajo interinstitucional e intersectorial instalado en las últimas décadas. Entre otras cosas, se debe convocar a reunión de la Comisión de Infancia coordinada por la Secretaría de Cuidados del SNIC.
  • El Programa de Asistentes Personales resulta fundamental para acompañar a las familias, en particular a las madres de niños y niñas y adolescentes hasta los 15 años de edad en situación de mayor vulnerabilidad, tanto en su cuidado en el hogar, como en las instituciones educativas favoreciendo su inclusión educativa y social y su futura inserción laboral. En esta situación se encuentran más de 2000 niños niñas y adolescentes hasta los 15 años de edad, sobre un total de 6370 personas actualmente beneficiarias del programa que están recibiendo el apoyo de un/una asistente personal por tener una discapacidad severa, o aspiran a recibirlo. Los recortes anunciados en este programa afectan a niñas, niños, adolescentes y familias en situación de vulnerabilidad.
  • El traspaso al INAU de 399 centros de educación infantil privados desde la órbita del MEC por disposición de la Ley 19.889/2020 (LUC) pone en dudas la capacidad de realizar una gestión y supervisión adecuada para asegurar la calidad de estas instituciones. Desde la promulgación de la Ley 16802 /1996 denominada “de guarderías” hasta el momento actual se logró establecer un conjunto de regulaciones que pusieron fin a las llamadas “guarderías garajes”. Se corre el riesgo de retroceder en relación a esos avances. Este traspaso se produce en un contexto de recortes presupuestales y déficit de personal técnico del INAU en todo el territorio nacional. Debe tenerse en cuenta que el 82% de la población atendida por el INAU lo es a través de los convenios con las OSC. Los CAIF, los Clubes de Niños y Centros Juveniles son supervisados y orientados en lo pedagógico y demás áreas de atención por el INAU.  La incorporación de estos 399 centros de educación infantil privados, sin un presupuesto acorde a ello, complejiza aún más la situación existente.

Por todo lo expuesto manifestamos nuestra preocupación por los anuncios de recortes en los programas del MIDES de entre un 28 y un 30%; programas sociales cuya afectación repercutirá directamente en la calidad de vida y en la cobertura de las necesidades básicas de las familias, en particular de niñas, niños y adolescentes. Resulta indispensable garantizar la continuidad de las políticas y los programas mencionados en el desarrollo del texto y la ampliación de su cobertura, aumentar el presupuesto destinado al SNIC e INAU, garantizar la creación de cargos destinados a la universalización de 3 años en ANEP, así como continuar y profundizar los avances constatados en el abordaje intersectorial e interinstitucional de las temáticas de primera infancia, infancia y adolescencia.

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