Red Pro Cuidados sobre el proyecto de Ley de Urgente Consideración

Rosario Aguirre Cuns e Isabel Villar, de la Red Pro Cuidados, en la Comisión Especial de la Ley de Urgente Consideración
Rosario Aguirre Cuns e Isabel Villar, de la Red Pro Cuidados, en la Comisión Especial de la Ley de Urgente Consideración

Presentación a la Comisión Especial Proyecto de ley de Urgente Consideración

Montevideo, 15 de mayo de 2020

Agradecimientos

Queremos expresar nuestro reconocimiento y gratitud a los y las legisladoras que integran esta comisión por recibirnos y escuchar nuestras opiniones y demandas.

Presentación de la Red Pro Cuidados

Somos una organización de la sociedad civil sin fines de lucro compuesta por redes, organizaciones y personas de Montevideo y del Interior del país, (ver Anexo) preocupadas por las insuficiencias y/o carencias de cuidado que experimentan las personas dependientes (niños y niñas, personas mayores y personas con discapacidad) y por las inadecuadas condiciones en que las personas que brindan dichos cuidados -generalmente mujeres- deben proporcionarlos en la actualidad.

Venimos trabajando desde hace años buscando hacer visible a nivel de la sociedad la magnitud e impacto de estos problemas y sus importantes consecuencias en el bienestar de las personas dependientes y de su entorno familiar y laboral. Estos problemas tienen amplias repercusiones económicas, sociales y culturales en la medida que la insuficiencia de cuidados y su desigual distribución fortalecen y perpetúan las inequidades existentes en nuestra sociedad (económicas, de género, étnicas, etc.).

Para ello hemos impulsado la creación del Sistema Nacional Integrado de Cuidados, formamos parte del Comité Consultivo y seguimos atentamente su implementación, con señalamientos para su mejoramiento.

Es a partir de esta trayectoria que nos interesa acercar nuestra preocupación por algunos de los artículos presentes en el proyecto, que involucran a la institucionalidad y concreción del Sistema Nacional de Cuidados, en tanto se trata de una política que requiere la acción coordinada de diversos actores del Estado, a través de la Junta Nacional que la dirige.

COMPETENCIAS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

La nueva redacción relativa a las competencias del Ministerio de Desarrollo Social es más clara y ordenada que la redacción anterior del texto del proyecto de ley de urgente consideración.

Señalamos, sin embargo, la ambigüedad del literal C) del Art.408 que refiere a su responsabilidad de velar por el correcto cumplimiento de los cometidos de los “órganos” que lo integran. Sería mejor aclarar si se refiere a los Institutos que funcionan en la órbita del MDS y a los Consejos Asesores.

Es positivo que se establezca el rol coordinador de las acciones intersectoriales, cumple así con las funciones que los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por el país, le asignan al Estado en la promoción y construcción de políticas públicas interinstitucionales.

COMPETENCIAS DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD

Lamentamos que se le quite el rol ejecutivo para desarrollar las acciones que diseñe. Se trata de un Instituto de larga trayectoria y rica experiencia en la elaboración de Planes para la Juventud, investigaciones y elaboración de información y datos sobre las características de esta etapa etaria que dan cuenta de las diferencias entre las mujeres y varones jóvenes, su distribución geográfica y sus problemas específicos.

Agregamos que el lenguaje utilizado en el texto del Art. 408 A), refiere a los jóvenes como varones, ocultando la visibilidad necesaria de que esta población está compuesta por mujeres con sus problemas específicos. Sugerimos que se utilice el genérico “juventud”, si no se quiere aplicar el lenguaje no sexista, ya que de esta forma induce a un imaginario no real.

CONSEJO ASESOR DEL ADULTO MAYOR

El Uruguay es un país que tempranamente realizó el proceso de transición demográfica aumentando progresivamente el porcentaje de su población de personas mayores de 65 años. En las edades más avanzadas se destaca el número notoriamente mayor de mujeres, elemento que presenta problemas específicos para las políticas referidas a esta etapa etaria porque las mujeres arrastran en estas edades las limitaciones de su inserción en las políticas de protección social por su despareja participación en el mercado laboral, debido a los cuidados familiares asignados a su sexo.

El país cuenta con numerosa producción de datos, investigaciones y planes sobre el envejecimiento en el país y sus características que suponemos se aprovechará para el cumplimiento de las competencias que se le asignan al Consejo Asesor.

Señalamos que se emplea un leguaje desactualizado y sexista al referirse al “Adulto Mayor”, superado a partir de la aprobación de la Convención de los Derechos de las Personas Mayores que se refiere a los derechos humanos de las personas mayores para incluir a las mujeres y otros diversos grupos presentes en este sector de población.

Existe una concepción cultural muy extendida en las instituciones que se relacionan con las personas mayores muy medicalizada y tutelar, que exige un cambio de paradigma basado en la promoción de la autonomía que vino trabajando muy exitosamente con las organizaciones de la sociedad civil el Inmayores desde su creación.

Realizamos cuatro sugerencias para la redacción de los Art. 409 Y 410 del actual proyecto de ley:

  1. el cambio de denominación y empleo del leguaje correcto;
  2. la inclusión en el Consejo Asesor de la Facultad de Psicología y de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR ya que son instituciones académicas que poseen grupos de investigación que han trabajado en la producción de información y conocimientos sobre las vejeces y los procesos de envejecimiento;
  3. agregar al literal 5 del Art.411: …los derechos específicos de esta etapa etaria “expresados en la Convención Interamericana de los derechos de las Personas Mayores»
  4. agregar al literal 6 del artículo 411:… lograr una vejez saludable “y el desarrollo de su autonomía”.

Asimismo, sería conveniente la derogación de la Ley 17.066 que sigue adjudicando al MSP la rectoría de las políticas para las personas mayores lo que contradice la necesaria integralidad que deben tener.

INSTITUTO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE URUGUAY INAU

El Artículo 411 literal H, asigna en exclusividad al INAU los programas relativos a adolescentes embarazadas en una cuestión que exige un abordaje interdisciplinario e intersectorial. La exclusión del Ministerio de Salud Pública puede dificultar el cumplimiento de las políticas concretas desarrolladas en relación a la prevención del embarazo o los asesoramientos referentes a la salud sexual y reproductiva y a la aplicación de la ley IVE.

COMISIÓN ESPECIAL PARA LA DISCAPACIDAD

En la redacción de los Art.414 y 415 en los que se crean y se definen los roles de la misma, no se hace referencia a los planes ya elaborados por la anterior Administración que debió dar cuenta de las políticas para esta población ante el Comité de Expertos que realiza el seguimiento del cumplimiento de la Convención de los Derechos de las Personas en situación de Discapacidad (Uruguay ratificó en 2008 esa Convención por lo cual es derecho positivo vigente).

De esa instancia reciente, surgieron recomendaciones para el Estado uruguayo que deberían referirse para las recomendaciones a las que refieren artículos antes citados.

Estas recomendaciones incluyen las medidas específicas para contemplar los problemas de las mujeres en situación de discapacidad que también integran las leyes promovidas por el Inmujeres.

Asimismo, el derecho a la participación de las personas en situación de discapacidad es un principio rector de la Convención y debería reflejarse en todas las instancias de diagnóstico, formulación y evaluación de políticas por lo que deberían ser integrantes plenos de la Comisión que se propone crear.

 

Versión en PDF repartida en sala: Red Pro Cuidados sobre proyecto de ley de Urgente Consideración 15.05