Una ley innecesaria

Habilita a quienes están con medidas cautelares por violencia o abuso a restablecer el vínculo con sus hijas e hijos

El Parlamento de Uruguay está a punto de aprobar, el próximo miércoles 13 de julio, un proyecto de ley de “corresponsabilidad en la crianza” que habilita a quienes estén en cumplimiento de medidas cautelares por motivos de violencia o abuso hacia sus hijas e hijos a restablecer la vinculación y visitas hasta que no se dicte sentencia definitiva.

Apoyado por todos los partidos de la coalición, supone un retroceso de 30 años y antepone los derechos de los adultos frente a los de niñas, niños y adolescentes. Ante esta situación abusiva, desde la Red Pro Cuidados, junto a otras organizaciones que trabajan en temas de infancia, queremos informar y marcar posición contraria a esta legislación que nos hace retroceder como sociedad.

Este proyecto parte de la iniciativa de un grupo de progenitores varones y alguna madre de estos que han reclamado durante años el derecho de compartir la crianza aunque estén denunciados por violencia intrafamiliar, violencia física y aún abuso sexual hacia sus hijas e hijos. En este sentido, la búsqueda de legalidad que han intentado las y los legisladores del nuevo texto, cae en contradicciones conceptuales, quizás por un desconocimiento de los principios rectores que dan marco a cualquier interpretación sobre la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia.

El “interés superior del niño” es desestimado con la redacción de esta norma que será aprobada el próximo martes 12. Este interés constituye la base para la interpretación, aplicación y toma de decisiones en todo lo relativo a la niñez y adolescencia. Su consideración es de carácter obligatorio para todas las instancias del Poder Público, limitando su discrecionalidad para la sociedad y en el seno de las familias. 

La Convención de los Derechos del Niño reconoce para la interpretación del ISN cuatro categorías de derechos: de supervivencia, de desarrollo, de participación y de protección especial. Estos últimos comprenden el derecho a estar protegidos contra toda forma de explotación, perjuicio, abuso físico o mental o sexual, maltrato o descuido, contra la venta o la trata, contra el uso ilícito de estupefacientes. Con esta nueva norma presentada por la legisladora del Partido Nacional Carmen Asiain el ISN queda claramente supeditado a los intereses de las personas adultas y, por lo tanto, va en contra de los avances legislativos que Uruguay construyó en las últimas décadas para proteger a la niñez.

La norma propuesta no atiende a principios de corresponsabilidad en la crianza si no que está centrada en los intereses de adultos que no parecen preocuparse por la necesidad de un cambio cultural con relación a la responsabilidad de ser partícipes reales de la crianza, sino de adquirir derechos en los conflictos sobre la tenencia de sus hijas e hijos cuando las familias se separan.

​Como Red Pro Cuidados confiamos en que los actores del Poder Judicial, todos los involucrados, jueces, defensores, peritos, equipos técnicos de asesoramiento, etc. reaccionen ante este atropello a la formación que han dedicado para cumplir con la legislación nacional e internacional en defensa de una población de la que tenemos que responder en su progresivo desarrollo como personas adultas responsables.

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