El cuidado implica democratizar la construcción de la política pública

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Establecer sistemas de cuidado puede ser un acto disruptivo –
no por crear algo absolutamente nuevo, sino por articular, partir de lo que existe,
y hacerlo de una manera que implica un proceso de escucha radical.
Es justo en el cómo donde se halla su potencial de cambio social.

El 5 de noviembre del 2018, nos reunimos la Red Pro Cuidados de Uruguay y Red de Cuidados en México para hacer un primer ejercicio de reflexión en el marco de un ejercicio más amplío [Tejiendo aprendizajes. Un encuentro entre la Red Pro Cuidados y la Red de Cuidados]. Uruguay fue el primer país en América Latina que construyó un Sistema Integral de Cuidados como pilar de su política de protección social y otros emprendimos este camino. Es hora de mirar los hitos y las implicaciones de este proceso.

En esta ocasión, compartimos tres aprendizajes desde el proceso en Uruguay y una reflexión conjunta que surge del trabajo en nuestros espacios de sociedad civil en torno al derecho al cuidado:

1. Más que ser el resultado de una serie de nuevos servicios de cuidado centralizados y diseñados desde el escritorio de funcionarias/os públicos, el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, cuya creación fue proclamada formalmente en el 2015, representó y sigue representando un proceso de diálogo constante y de coordinación sistemática entre una gama amplia de instancias públicas, tanto a nivel nacional como departamental así como entre el Gobierno y una gran variedad de actores de la sociedad civil organizadas/os y personas: investigadoras/es, cuidadoras/es de tiempo completo, activistas y muchas y muchos más.

2. El cuidado está situado en la vida cotidiana de las personas. Por ende, se presenta una diversidad de visiones sobre qué es el cuidado y qué implica que éste sea digno, suficiente y de calidad. Estas visiones corresponden con la ubicación de las y los actores – tanto en términos geográficos y culturales, como en términos de grupos de la población. Esto requiere respuestas desde la especificidad, estrategias territoriales y el reconocimiento que las personas que cuidan y reciben cuidados deben ser personas calificadas. El proceso en Uruguay nos enseña la necesidad de que las y los cuidadores remunerados y no remunerados sean una población prioritaria de nuestras acciones, que su cuidado y auto-cuidado también sea una preocupación central de la política pública, incluyendo sus derechos sociales, económicos y políticos.

3. Esto requiere un espacio formal de diálogo entre sociedad civil y el Estado en torno a los cuidados. El Sistema de Cuidados de Uruguay contempla un Comité Consultivo (CC) como un órgano asesor de la Secretaría Nacional de Cuidados.

Es un espacio de diálogo y participación en las políticas públicas, integrando las miradas de todos los sectores vinculados al cuidado: trabajadoras/es, sociedad civil organizada, empresas prestadoras de cuidado y academia. Llegar a ello fue un proceso largo que inició en el 2008. A partir de ese año la Red Pro Cuidados, en ese entonces Red Género y Familia, ha impulsado en todo el país numerosas mesas de diálogo y publicaciones con el fin de sensibilizar y comprometer a tomadoras/es de decisiones, ha promovido la articulación de actores de la sociedad civil entre sí y con los distintos poderes del Estado. Ello ha permitido construir la noción de derecho al cuidado y que éste sea reconocido como esfera prioritaria de intervención pública. A través de mesas de diálogo se debatieron distintas visiones y perspectivas sobre la necesidad de avanzar hacia la construcción de un sistema de cuidados. Estos espacios de diálogo fueron la base para el establecimiento del cuidado como un problema público y de urgencia para la agenda de justicia social. Representan el primer hito crucial y el punto de partida para un Debate Nacional de Cuidados que se llevó a cabo en el año 2011 y representó un momento clave en la construcción de la política.

4. Concluimos que la generación de un debate y diálogo social en torno al derecho de cuidado no es un efecto secundario, sino la característica principal del proceso de construcción de políticas sociales integrales que sitúan en su centro el derecho al cuidado como un derecho humano fundamental y universal. El proceso implica una escucha activa y radical entre las y los actores implicados y despierta la democratización de la construcción de la política pública. Cuando la población se involucra en una política pública emergente, ésta adquiere algo que va mucho más allá – un cambio de imaginarios y la valoración del cuidado como algo que todas las personas necesitamos. Estamos convencidas que justo en este aspecto radica el potencial de cambio social que se desata con la construcción de sistemas de cuidados.

Seguiremos compartiendo nuestros aprendizajes, porque creemos que el aprendizaje más efectivo y disruptivo se construye desde la colectividad.

#PoliticemosElCuidado ¡Por un cuidado justo, libre y compartido!

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